domingo, 19 de mayo de 2019

ECONOMÍAS ILEGALES




TRÁFICO ILEGAL DE PETRÓLEO

El tráfico de petróleo se estima en US$10.800 millones. Ha estado las primeras planas de los diarios en los últimos dos años por su importancia para el financiamiento del autodenominado Estado Islámico, al que aportaría hasta US$500 millones anuales, ingreso indispensable para su campaña militar.
Pero el negocio está mucho más expandido.
Una de las variantes es el aprovechamiento del petróleo barato a precios subsidiados.
El GFI cita las diferencias del precio entre Irak (US$0.05 el galón) y Kuwait (US$0.79) en 2005 como un terreno fértil para contrabandistas.
La petrolera Shell estima que en 2014 más de 100.000 barriles de petróleo diarios dejaron ilegalmente Nigeria mientras que en México Pemex pierde unos US$700 millones anuales.
"A veces hablamos de contrabandeo del crudo, otras del refinado. Estado Islámico vende el crudo. En México es un buen negocio el robo de petróleo porque es relativamente sencillo extraerlo directamente de los oleoductos de Pemex", indicó May.
Minería ilegal y Tráfico ilegal de petróleo
Mueve 7 mil millones de dólares en América Latina.
La minería ilegal e informal se multiplicó en la última década debido a la subida del precio de los minerales, fundamentalmente del oro.
El reporte "La realidad de la minería ilegal en países amazónicos" señala que 150.000 personas se dedican a este negocio ilegal en Perú, mientras otras estimaciones hablan de hasta 400.000 involucrados en la explotación ilegal de minerales.
"Si bien los impactos ambientales de la minería ilegal son los más conocidos, no son los únicos. También afecta a la salud humana, promueve delitos conexos como el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual e infantil, entre otros", señala el informe editado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y que incluye investigaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Wagner explicó que las minas donde hay actividad ilegal suelen estar situadas en zonas remotas, donde los gobiernos no tienen la capacidad de monitorear las condiciones y hacer cumplir las leyes.
Cuando estas minas son controladas directamente por grupos delictivos o en zonas controladas por el crimen organizado, existe un riesgo elevado de tráfico de personas. En Colombia y Perú en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil"



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